La torta que reparte el Presidente

¿Cuántos cargos del Estado son designados por el Presidente? ¿Por qué es importante la meritocracia en un sistema político como el colombiano? Votebien le cuenta qué tan grande es la torta que reparte el Primer Mandatario a la hora de gobernar.

Según la RAE clientelismo es el sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios. En otras palabras, es la repartija del poder y de los puestos, o las llamadas cuotas burocráticas.

"Es lo que Álvaro Gómez llamaba el sistema de complicidades: Yo te apoyo para que tu me nombres, es casi una votación para delinquir en la sombra. El Gobierno tiene muchos puestos para mantener alineada a su clientela electoral y aunque tengamos todo tipo de reformas institucionales, es difícil avanzar si no se rompe esa relación incestuosa", opinó en diálogo con Votebien Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.

El clientelismo se ha convertido en un problema de cultura política en Colombia pues para nadie es un secreto que muchos de los apoyos partidistas o particulares durante una campaña presidencial, siempre están buscando algo a cambio. En ese sentido es mucho lo que el mandatario tiene para repartir y pagar favores haciendo uso del aparato del Estado.

Sólo en la estructura interna, tiene en su potestad el nombramiento de su gabinete ministerial, es decir 13 carteras que en los próximos años podrían ser 14 si prospera la idea de separar el Ministerio del Interior del de Justicia, una reforma a la que todos los candidatos en contienda calificaron de urgente y necesaria.

Además de las Secretarías General, Privada, Jurídica y de Prensa, en las que el Presidente generalmente nombra a sus más inmediatos colaboradores que ejercieron funciones similares en campaña, el primer mandatario también reparte varias consejerías cuya labor muchas veces es desconocida o pasa desapercibida.

Actualmente existen ocho, la más conocida de ellas es la Alta Consejería para la Reintegración, en razón a que el comisionado de Paz quien es su cabeza, ha jugado un rol protagónico en la desmovilización de los grupos insurgentes y paramilitares.

¿Funcionarios de carrera?

En la lista siguen los Departamentos Administrativos directamente adscritos al organigrama de Casa de Nariño, entre los que figuran el polémico Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

A este último órgano le compete nada menos que orientar la selección de personal que ocupan los altos cargos públicos tanto administrativos como diplomáticos, mediante concursos abiertos pues los de libre nombramiento y remoción, como su nombre lo indica, también los selecciona el Presidente o los directores nacionales de las entidades.

Al DAFP le corresponde igualmente establecer salarios y primas de los funcionarios públicos. Éste no es un dato menor si se tiene en cuenta que muchos expertos han abogado siempre porque se fortalezca la carrera diplomática y administrativa para que los méritos pesen más que las recomendaciones y las palancas, ya que ése es el sistema que propicia el pago de favores.

“La Corte (suprema de Justicia) ha ordenado varias veces al legislativo que haga una carrera notarial y hay resistencia de los mismos trabajadores porque se quedan sin el reparto de la burocracia. Fortalecer la carrera administrativa es algo fundamental pues es la administración pública la que se tiene que imponer sobre los políticos y no al revés”, explicó a Votebien Javier Revelo, investigador de Dejusticia, centro de estudios de derecho, justicia y sociedad.

Una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura en noviembre de 2006 obligó a que los notarios fueran finalmente convocados por concurso público de méritos y, según el Gobierno de 870 notarios que tiene el país, 620 fueron nombrados bajo este esquema. No obstante, el Congreso logró meterle ciertos "micos" a la ley, y a la hora de la selección pesa más la experiencia y la entrevista que los exámenes de conocimiento, es decir que quienes ya tienen las plazas son más proclives a conservarlas así hayan llegado allí por recomendaciones políticas.

El sonado caso de la yidispolítica, en que se pagó con notarias a cambio de votos favorables a la reelección, fue una muestra de cómo se feriaron los apetecidos puestos. Al fin y al cabo un notario se puede hacer hasta 200 millones de pesos al mes, pues su sueldo depende de los ingresos de la notaría y los trámites para los ciudadanos son cada vez más costosos.

Varias amnistías legales -la última en 2008- han permitido que funcionarios públicos que estaban en puestos provisionales entraran a hacer parte de la carrera automáticamente sin participar en concurso alguno. "Esto permitió por ejemplo que la Fiscalía estuviera controlada por los barones electorales mucho tiempo y de ahí la impunidad en la investigación de la parapolítica", sostuvo por su parte, Armando Novoa.

Y en el servicio exterior...

El otro caso en los que el aparato del Estado incluso ha premiado a polémicos funcionarios como el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega y el ex director del DAS, Jorge Noguera, es el del servicio exterior.

Aunque nadie niega la importancia de la política internacional en la inserción de Colombia en el mundo, las cifras de las misiones con acreditación en el exterior representan un oneroso gasto para el Estado si se tiene en cuenta que los diplomáticos reciben primas especiales anuales de casi 11 millones de pesos, adicionales a auxilios de cesantías y bonificaciones especiales para la recreación, y muchas embajadas y consulados no atienden más de cuatro horas al día.

Un embajador puede ganar hasta 50 millones de pesos (los sueldos más altos los tienen las representaciones en Europa) además de vivir en lujosas casas mantenidas por el Estado."Este es uno de los casos más groseros pues la ley dice que solo el 20% de los cargos diplomáticos son de carrera y el 80% del libre nombramiento y remoción", explica Revelo.

Aquí la torta es bastante amplia. Actualmente Colombia tiene embajadas en nueve países de América del Sur, mientras los consulados alcanzan 42, 15 de ellos en Venezuela y 11 en Brasil. En Centro América y el Caribe, la proporción es de 10 embajadas y 20 consulados. Aquí se cuentan por ejemplo los consulados en las ciudades de Oranjestad y Willemstad en la Isla de Curazao y Paramaribo en Surinam. En Norte América, hay dos embajadas y 13 consulados, 9 de ellos en todo el territorio de Estados Unidos y el resto en Canadá.

En Europa, las embajadas son 15 y los consulados 43 la mayoría de ellos en España (nueve). En Asia las embajadas son siete y los consulados 18 aunque curiosamente no hay representación en Singapur, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) al cual Colombia aspira a ingresar.

En África las embajadas son tres y los consulados siete, aunque cabe mencionar que tres de ellos ejercen funciones ad honorem. Y finalmente en Oceanía hay una embajada y dos consulados en Australia, y uno más en Auckland (Nueva Zelanda), este último también ad honorem. Esto da un total de 47 embajadas y 143 consulados en todo el mundo.

No sobra mencionar las llamadas delegaciones diplomáticas ante organismos multilaterales como la ONU y la OEA en Nueva York y Washington respectivamente; la UNESCO en Paris y la otra sede de la ONU y la OMC, ambas en Ginebra, Suiza. Todos estos funcionarios son seleccionados por el Ejecutivo.

La relación con el poder legislativo

Otros nombramientos que hace directamente el Presidente son los miembros de la junta directiva del Banco de la República (aunque los expertos sostienen que en cargos técnicos la independencia se mantiene con mayor facilidad), y a dos de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

Adicionalmente el Primer Mandatario también puede nombrar a las cabezas de los institutos descentralizados como el SENA y el ICBF (cada una de estas entidades tiene 33 regionales), lo que propicia que la feria burocrática siga. En el caso de los directores regionales se ha visto la gran incidencia de congresistas en seccionales de estas entidades en distintos Departamentos.

"A veces es normal que las elecciones de jefes nacionales las haga el Presidente pues tiene que rodearse de sus amigos para poder gobernar, pero en las regiones es pura politiquería", apunta Revelo.

En otros casos aunque no elige, el Presidente nomina a los candidatos a ocupar ciertos cargos. Es el caso de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y el Defensor del Pueblo, quienes son seleccionados por el Congreso de una terna que presenta el primer mandatario.

En lo que refiere a los magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador, la terna la completan además de los nominados por el Presidente, los sugeridos por la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Fiscal General, el presidente postula la terna y es la Corte Suprema la que elige la cabeza del ente de Control, una elección que ha mantenido al país en vilo por casi diez meses.

Según el experto Javier Revelo, la reelección propició la concentración de poder en las ramas del poder público pues "el Presidente quedó con facultades para incidir en nuevos nombramientos de funcionarios que se rotan, mientras él no (...) Adicionalmente por la falta de control en el Congreso y las mayorías del partido en el poder, hay elecciones como la del procurador que resultan casi unánimes: El Presidente propone, el Congreso dispone y se sabe quien es el elegido", apuntó el experto.

Aunque este es un problema de los regímenes presidenciales en todo América Latina el sistema de contrapesos se podría mejorar con la ampliación de periodos de los magistrados de las Cortes, tal como sucede en Estados Unidos. "Es el caso más exitoso, aunque incomparable con el caso colombiano entre otras cosas porque allí funcionan las democracias federales y hay mucha autonomía de los gobiernos locales frente al central", explica por su parte Armando Novoa.

La reforma política

Para corregir el sistema hay dos tesis que han hecho carrera: Una de ellas es que se haga una reforma al calendario electoral o bien juntando las fechas de elecciones de Presidente y Congreso como se hacía antes de la Constitución del 91, o bien celebrando primero los comicios presidenciales y luego los legislativos."Esto evitaría que el candidato presidencial quedara atado a las mayorías que se eligen en las parlamentarias y para ser elegido tenga que apoyarse en esos congresistas durante su campaña prometiendo puestos”, acota el experto Novoa.

Otra es hacer una reforma política a fondo que fortalezca la disciplina de partidos, que regule las campañas y que permita que los acuerdos entre bancadas queden abiertos al escrutinio público tal como sucede por ejemplo en países como Gran Bretaña.

"Hay que hacerle un revolcón a fondo al Congreso, cambiando sus sistemas de conformación de listas, la duración y los topes de financiación de campañas, -volverlos completamente estatales- y sancionar drásticamente a los congresistas que negocien al menudeo apoyos a proyectos gubernamentales a cambio de prebendas", añade Novoa.

El analista no obstante sugiere que este cambio solo se podría hacer a través de un acuerdo político ciudadano en una asamblea constituyente de temario limitado pues "reformas de este tipo se han intentado ya en cinco gobiernos sin éxito".

La lamentable tradición de la cultura política colombiana es que la meritocracia no es la regla sino la excepción, lo que hace que cambiar las leyes siga siendo inútil mientras el sistema de favores se mantenga.