25 de julio de 2017

Buscan freno a contratos de prestación de servicios

Admiten acción popular, que busca regularlos en el Distrito, para que dejen de ser una forma de explotación laboral y política. La administración dice que es un problema nacional, aunque reconoce que se debe revisar el tema.

Raquel* es profesional y lleva cinco años como contratista de una entidad pública en Bogotá. Aunque es eficiente, tiene experiencia y conocimiento, sólo pudo acceder a su cargo por recomendación de un político. La meritocracia es un mito donde labora. Su sueldo es de $2 millones, que no sería malo si fuera empleada de planta. Sin embargo, está vinculada por prestación de servicios. Mientras sus compañeros reciben 15 salarios al año (primas y cesantías), tienen vacaciones y les descuentan 8,3 % por salud y pensión, ella recibe 10 sueldos y una larga lista de descuentos. 

No le pagan seguridad social, primas, cesantías, festivos, incapacidades... nada. Eso sí, no puede colgarse con el pago de salud y pensión, porque eso retrasaría su sueldo. Como ante la ley es considerada independiente, debe pagar el 28,5 % de lo que gana por seguridad social, pero para no ver mermado su sueldo (ya que pagaría $570.000 al mes), cotiza como si ganara $800.000, para pagar sólo $228.000. En su dinámica sabe que trabaja gratis los dos primeros meses del año, mientras firma un nuevo contrato. Y cuando llega ese momento, debe conseguir prestados $1,4 millones para las estampillas, $90.000 para una póliza y $200.000 para comprarle al político que la recomendó unas boletas (que nadie se gana), para apoyar a su partido. 

Al final, en promedio, recibe $1,3 millones netos, que están acompañados de la zozobra de saber que en cualquier momento podría quedar desempleada. El temor incrementa en época electoral, cuando la obligan a asistir a reuniones, a recoger firmas u organizar encuentros en su casa, que debe financiar con su salario. Su historia es la de miles de contratistas no sólo del Distrito, sino de todo el país. Lo grave es que el contrato de prestación de servicios se ha vuelto tan frecuente que, incluso hoy, por cada empleado de planta hay hasta cinco contratistas en esta situación.

De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al menos el 62 % de los trabajadores que laboran en entidades públicas son contratistas. Lo que sustenta el reciente llamado de atención de la Corte Constitucional: “El uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución”, indicó hace menos de un mes el alto tribunal.

La Corte agregó que “los poderes públicos han usado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación”.

No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia frente al tema. En 2009, por medio de la Sentencia C-614, el alto tribunal prohibió los contratos de prestación de servicios para los trabajadores que tengan funciones de carácter permanente. De esta manera “se impide que se oculten verdaderas relaciones laborales y se evita que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales”.

La acción popular

Para tratar de cambiar esta situación, Jorge Enrique Buitrago, vicepresidente de la organización sindical Asoméritos (defensores del mérito del Estado colombiano), radicó una acción popular que fue admitida el 10 de julio por un juzgado administrativo de Bogotá. Su meta es que no se abuse de este tipo de contratos, y menos en detrimento de los ciudadanos. Para el accionante, este tipo de contratación se ha convertido en una forma de “explotación laboral y política”.

Antes de la acción popular, Buitrago le había solicitado al Distrito que ampliara su planta de personal, que se publicaran las vacantes de carrera administrativa y las de contratación mediante prestación de servicios, y que se creara un banco de elegibles para contratistas, producto de mecanismos de selección transparentes, para que cada entidad elija en caso de vacancia. A la petición, la Alcaldía le respondió exponiendo las leyes que explicaban los cargos de planta, los trámites para ampliarla y las normas que justificaban los contratos de prestación de servicios. Dijeron que la administración cumplía todos los requisitos formales.

Como no hubo acciones ni compromisos concretos, Buitrago presentó la acción popular que está en trámite e hizo solicitudes puntuales: formalizar a los contratistas que llevan más de tres años vinculados a través de esta figura y que se reglamente la forma de vinculación de contratistas con meritocracia, “para garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y que éstos puedan acceder a los cargos públicos” sin empeñar su dignidad, tranquilidad e independencia a un político.

La ley

Según la ley, el contrato de prestación de servicios se debe celebrar con personas naturales, siempre y cuando la tarea no pueda realizarse con personal de planta o se requiera a un especialista. La vigencia debe ser breve y excepcional, por la cual “no generan relación laboral ni prestaciones sociales, y se celebren por el término estrictamente indispensable”.

El Consejo de Estado ha dicho que estos contratos “son un instrumento especial de colaboración y no están previstos para ejercer funciones ordinarias de naturaleza pública ni para sustituir la planta de personal”. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha explicado que, si las funciones que desarrollará el personal a contratar son de carácter permanente, “la entidad debe adelantar los estudios técnicos para modificar la planta de personal y crear los empleos que se necesitan para cumplir su objetivo.

Sin embargo, esto no se cumple. Muchos de los contratistas en el Distrito tienen horario, son subordinados y cumplen funciones similares a los empleados de planta. Según pronunciamientos de las altas cortes, esas son características de un contrato laboral y esos contratistas, que llevan años en el mismo cargo, tendrían derecho a recibir seguridad social y prestaciones sociales. Según la Corte Constitucional, no pagarles sería “inconstitucional e ilegal” y, en palabras del DAFP, “el manejo inadecuado del contrato de prestación de servicios podría configurar una relación laboral, generando costos adicionales a aquellas entidades que continuamente recurren a esta figura”. Los costos adicionales son los pagos que debe hacer cada entidad cada vez que pierde una ante la justicia ordinaria y en la que debe pagarle al contratista.

Armado con estos argumentos, el promotor de la acción popular pidió regular el contrato de prestación de servicios, ya que esto se presta para que los contratistas terminen siendo víctimas de explotación laboral y política. “Laboral, porque no tienen derechos a prestaciones laborales ni salariales y no tienen derecho a los mismos beneficios de los empleados de planta. Y política, porque sus contratos están mediados por un apoyo electoral, con lo que hipotecan su pensamiento y su derecho a elegir libremente”.

Y agrega: “Es una especie de semiesclavitud lo que viven estos contratistas, pues no sólo son explotados, sino que sus ingresos son menguados por los aportes a la seguridad social que deben hacer por su cuenta. A pesar de que este tipo de contratación tiene su prohibición constitucional y legal, esta figura ha sido el común denominador en las entidades públicas para labores permanentes, constituyendo en la práctica el contrato realidad, desconociendo la necesidad de la ampliación de la planta y ejerciendo la subexplotación de este personal”, agrega el accionante.

Le pregunta al juez: si son tan necesarios estos contratistas, que llevan años bajo esta modalidad, ¿por qué no se han creado nuevos cargos de carrera administrativa? Esta ha sido una lucha hasta la fecha perdida, y en cierta forma aceptada tácitamente por las organizaciones sindicales. La figura de la prestación de servicios no es mala per se, si fuera usada para lo que realmente se creó, pero lo que es la excepción se ha convertido en regla y los contratistas son el mayor componente del talento humano de las entidades públicas del país”.

Hay que revisar

Ante la acción popular, Nidia Rocío Vargas, directora de la Unidad Distrital de Servicio Civil, indicó que la Secretaría Jurídica estudia el caso para responderle al juzgado. Sin embargo, resaltó que si bien la actual administración ha tratado de formalizar el empleo, no se puede perder de vista que esto es un asunto que se vive en todo el país.

Actualmente la Alcaldía de Bogotá cuenta con 22.000 trabajadores de planta, 1.233 empleados temporales, 4.789 trabajadores oficiales y casi 38.000 contratistas mediante prestación de servicios. “Cuando llegamos la situación era más compleja, porque había casi 51.000 contratistas. Lo que hicimos fue analizar y ajustar poco a poco, logrando una reducción cercana al 40 % en este tipo de vinculación y le hemos apostado a una formalización”.

Vale aclarar que no todos los contratistas por prestación de servicios tienen las mismas características. “Seguro hay contratos de prestación de servicios para cosas puntuales y que son cortos. Puede que existan algunos que podrían tener vocación de permanencia, que podrían ser incluidos en la planta. Incluso, hemos creado alrededor de 1.500 empleos permanentes”.

Ampliar la planta, según la funcionaria, no es una tarea fácil. “Así queramos vincular a todos los contratistas, hay unas restricciones que imponen leyes nacionales, con unos topes para gastos de funcionamiento. Esos topes se crearon para tener una disciplina fiscal y unas finanzas sanas. Y para aumentar la planta, seguramente se debe hacer un trabajo legal desde el Congreso para levantar el tope que tenemos”.

Aunque hay un nivel de contratación alta, lo venimos reduciendo y hemos contratado donde realmente se necesita. Además, normalmente los contratos por prestación de servicios se pagan con recursos de inversión, con lo que no se afecta el gasto de funcionamiento. Reconoce que para saber realmente cuál debería ser el tamaño de la nómina de cada secretaría o dependencia distrital, se requeriría un estudio.

“Cada entidad debería revisar los productos que tienen que ofrecer a la ciudadanía y establecer cuál es la carga real de trabajo y definir los perfiles del personal que se requiere. Con sus jurídicos debe establecer cuáles contratistas ejercen labores con vocación de permanencia”, explica y agrega: “Si aprueban la acción popular, lo que tendríamos que hacer es mirar cuáles de los contratistas tienen empleos con funciones permanentes y hacer un análisis técnico para la creación de empleo que pasarían a ser empleados fijos, con la responsabilidad gigante que esto conlleva”.

Por su parte, y luego del más reciente llamado de atención de la Corte Constitucional, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, admitió que el Gobierno siempre ha tenido una problemática en materia de contratación de personal. La funcionaria explicó que se han creado 23.000 empleos formales para tratar de solucionar el problema, y atribuyó el incremento de contratistas al crecimiento “exponencial” que ha tenido el Estado durante los últimos cuatro años debido al proceso de paz.

Para el investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, “pese a que en 2009 la Corte prohibió vincular como contratistas a empleados estatales que desempeñen labores permanentes y misionales, ocho años después el problema sigue. De hecho, la cifra exacta de cuántos trabajadores por prestación de servicios hay en el sector sólo la conoce el Gobierno, y nunca la revela para no tener consecuencias”.

Por su parte, Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, afirmó que “los dos últimos ministros de Trabajo (Lucho y Clara) se comprometieron en hacer algo para solucionar el tema del gran número de contratistas públicos y estatales, pero no hicieron nada. Y pues la nueva ministra (Griselda) acaba de llegar, por lo que todavía no se vislumbra ningún cambio visible. Esta situación la hemos denunciado ante la Organización Mundial del Trabajo”.

Por ahora, la acción popular que avanza en un juzgado de Bogotá será una nueva batalla por la formalización laboral. Una vez llegue la respuesta del Distrito, el juez tendrá 30 días para hacer un pronunciamiento en medio de una lucha de años, en la que contratistas como Raquel esperan que esta vez sí le pueda cambiar su vida.

Suspenden ferias ganaderas en Quindío para evitar contagio de aftosa

En Calarcá y Circasia aplazaron los dos eventos como medida contra el virus.

Aunque en el municipio de Calarcá todo estaba listo para la séptima Feria Ganadera y Pecuaria que contaría con la participación de ganaderos de Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, el evento fue aplazado por el brote de fiebre aftosa que ha afectado a algunas regiones del país.

La feria tendría la asistencia de unos 30 comercializadores, 80 compradores y unas 190 reses. Sin embargo, la alcaldesa de Calarcá, Yenny Trujillo explicó: “Debido a la alerta nacional, Calarcá se blinda en la entrada de animales que puedan perjudicar la estabilidad del sector productivo y promueve la responsabilidad en cuanto al manejo de los bovinos, evitando así que el municipio sea epicentro del fenómeno”. 

Además de esta, la Feria Ganadera de Circasia y un par de subastas ganaderas que se realizarían a finales de este mes en ese municipio fueron suspendidas para prevenir las posibilidades de contagio de la enfermedad.

Calarcá se blinda en la entrada de animales que puedan perjudicar la estabilidad del sector productivo

Según el secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Soto, “los ganaderos de este departamento tienen que tener total atención sobre sus animales, cualquier síntoma que se presente, inmediatamente debe ser anunciado porque puede atenderse y controlarlo, y evitar que se vaya a perder la condición de departamento libre de aftosa”. 

El director del Comité de Ganaderos del Quindío, Jorge Tejada señaló : “Hay una probabilidad de que (la enfermedad) pueda estar entrando vía frontera (con países vecinos), esa es la hipótesis del ICA, por eso la invitación es para que los ganaderos vacunen y revisen a los animales”.

La enfermedad pueda estar entrando vía frontera, por eso la invitación es para que los ganaderos vacunen y revisen a los animales

El virus en el país

Si bien en Antioquia no hay reportes de fiebre aftosa según el secretario de Agricultura, Jaime Alberto Garzón Araque, y el gerente regional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Juan Fernando Martínez López, el departamento adelanta acciones preventivas, pues tiene el mayor inventario ganadero del país, con cerca de 2’600.000 cabezas de res.

Una de esas acciones es mantener en cuarentena cuatro zonas ganaderas del departamento: Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y la zona baja del municipio de Sonsón. 

En la reunión entre los dos entes, se acordó que el ICA emprenderá acciones para aumentar los controles y prevenir la presencia de la enfermedad como incrementar los puestos de control, inspeccionar los municipios afectados por la cuarentena y redoblar los esfuerzos para ubicar puestos de control en las zonas fronterizas con Venezuela, por donde se cree entró la enfermedad al país.

“De no presentarse más focos (presencia de la enfermedad en una sola finca) o brotes (presencia de la enfermedad en varios predios), esta situación sanitaria estará resuelta al finalizar el mes de octubre, si hay compromiso de los ganaderos”, explicó Juan Fernando Martínez López, gerente Regional del ICA.

Por su parte, los municipios de Bolívar y Cimitarra, en Santander, se mantienen en aislamiento preventivo hasta el próximo 10 de agosto, considerando

esta problemática tiene su origen en el contrabando de ganado que viene desde Venezuela, esto no es algo que fue causado por la condición sanitaria de nuestras reces

La Federación de Ganaderos de Santander (Fedegasán) se pronunció en desacuerdo con esta disposición, pues al frenar el comercio de reces en el departamento se afectaría a cerca de 18 mil ganaderos, desde campesinos hasta grandes comercializadores, principalmente a los ubicados en el municipio de Cimitarra, que es la principal zona pecuaria de la región.

Para Jaime Clavijo, director ejecutivo de Fedegasán “esta problemática tiene su origen en el contrabando de ganado que viene desde Venezuela, esto no es algo que fue causado por la condición sanitaria de nuestras reces, lo que pasa es que todo se va al traste cuando cruzan la frontera animales que no han sido inmunizados y traen el virus de la aftosa”.

Asimismo, con la detección de los focos de fiebre aftosa en zona fronteriza con Venezuela, finalmente se cumplieron los malos pronósticos de los voceros del sector ganadero de Norte de Santander, quienes venían advirtiendo la propagación de esta enfermedad por el contrabando de carne y ganado en pie procedente del vecino país.

De acuerdo con el Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), el aparato institucional y las acciones para combatir ese flagelo han sido insuficientes.

“Tenemos que decir que los resultados de las acciones recientes contra este fenómeno han generado resultado estériles, porque hay una disminución del sacrificio del ganado en lugares establecidos para este propósito como lo son los frigoríficos”, indicó Andrés Hoyos, director de Coganor.

Tenemos que decir que los resultados de las acciones recientes contra este fenómeno han generado resultado estériles

El ICA decretó el estado de cuarentena en 27 municipios del departamento fronterizo, donde se restringió el movimiento de ganado y de algún otro animal que configure un vector de transmisión de la enfermedad.

En medio de estas medidas preventivas, varios ganaderos de Cúcuta advirtieron sobre una posible agudización de la crisis económica que atraviesa la ciudad, debido a la aplicación de este marco regulatorio que limitaría la dinámica económica en 19.000 predios con inventario ganadero.

“La huelga general no se levantará hasta que se cumpla el mandato del 16J”

Tres huelgas generales ha habido en el país: la de 1936, 1952 y 1958. La cuarta iniciará mañana, la cual ha sido convocada por los trabajadores, sindicalistas y confederaciones. La Unidad Democrática también llamó el sábado a un paro de 48 horas –miércoles y jueves.

Para los sindicalistas, más allá de la exigencia de un beneficio salarial, laboral, la huelga es un reclamo por la institucionalidad democrática que desde finales de marzo terminó de romperse. “Esto lleva a los venezolanos a la unidad nacional que pide el cumplimiento del mandato del 16 de julio con las tres preguntas votadas”, expresó Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Aunque prefiere no hablar de “huelga sin retorno”, asegura que esta “puede durar 10 minutos, tres días o más. Se levantará al momento en que se cumpla con lo que se decidió en la consulta popular”, sentenció.

El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, Servando Carbone, explicó que se trata de “una acción pacífica en la lucha no violenta. El movimiento laboral se ha trazado una huelga sin retorno hasta que se vaya Nicolás Maduro. No puede haber negociación detrás de la puerta”. Sostuvo que el paro cívico de la MUD y la huelga general “no colindan”. “La acción de la MUD es hacia la sociedad civil –incluso cuando el movimiento sindical se unió al del pasado 20 de julio–, entendido dentro los artículos 333 y 350 de la Constitución. La huelga general es un derecho consagrado en el artículo 91 de Carta Magna, en el convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley del Trabajo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos”.

De acuerdo con Freites, participan el sector transporte, salud, educación, petróleo, electricidad, comercio, los privados, empleados públicos, universidades, gremios, religiones, Iglesia, estudiantes, la sociedad civil. “El pueblo sabe lo que va a hacer, está preparado para la huelga. Va a estar en la calle. Y será una huelga solidaria, quien no tenga comida, el vecino le dará. En el caso de los trabajadores petroleros, el gobierno recibirá una respuesta contundente”, dijo.

Carbone informó que la adhesión a la huelga también será progresiva: “Los estudiantes se van a pronunciar, los libertadores –resistencia– se van a manifestar, los factores sociales, los periodistas”. Y agregó: “A este régimen hay que arrinconarlo y la fuerza la tiene el pueblo. La gente tiene que abastecer sus necesidades básicas”.

El 12 de junio, los dirigentes sindicales prepararon un informe técnico que fue entregado a la OIT donde indicaban que estaban en víspera de una huelga general, a su vez, el organismo internacional comunicó esa decisión al gobierno de Venezuela.

Sin sanciones. “Este un llamado a todos los trabajadores. Al más del millón y medio de personas que han perdido sus puestos de trabajos. No permitiremos presión, coacción ni descuento salarial”, así lo manifestó Carbone, quien sostuvo que hoy debería ser aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Garantía para los trabajadores tras la convocatoria de huelga. “Es una ley de protección a los empleados públicos, transportistas, jueces, fiscales, empresarios, quienes puedan ser víctimas de acciones violentas por parte del régimen, para que esos daños puedan ser resarcidos. Tiene disposiciones sancionatorias a funcionarios que utilicen el mecanismo de los Clap para extorsionar con un fin político, que se traduce en pobreza y miseria. Los trabajadores no tenemos miedo”.

Para Freites, el documento está blindado para proteger a todos los trabajadores, sean indemnizados y restituidos sus derechos: “Es parte de la huelga. Se garantiza protección, no se puede despedir a nadie ni recortar el salario”.

La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, señaló que pese a que ellos no son convocantes de la huelga, están “en la disposición de acompañar al trabajador que decida sumarse a la protesta”. “No vamos a sancionar. Respetamos el derecho de los empleados de participar. El tema es que el derecho a huelga es algo contemplado en la Constitución, nosotros los empresarios no podemos sancionar a quienes decidan unirse”, dijo. Sin embargo, aseveró que al no tener trabajadores, no tendrán capacidad para abrir el establecimiento. “Lo malo es que el gobierno no entiende esa parte. El viernes pasado y el fin de semana trataron de sancionar a los comercios imposibilitados de trabajar el día jueves. Esta situación de ausentismo laboral no pareciera ser diferente en los próximos días”.

Sobre cómo harán frente a futuras sanciones por parte del gobierno, dijo que esperarán que el personal notifique su decisión si trabajan o no. De cualquier forma, para Uzcátegui “el país ya está paralizado. El desabastecimiento es generalizado”. “La industria a trabaja 30% de su capacidad, la siembra ha sido menor a 50%. Con la baja del poder adquisitivo, han disminuido su capacidad de acción. En Venezuela, decidir que un comercio puede pasar un día sin ningún tipo de venta es ya algo normal, así no haya paro cívico o huelga”, enfatizó.

Sebin detuvo a dos magistrados recién juramentados por el Parlamento

Jesús Rojas y Zuleima González fueron arrestados en Anzoátegui.

Este martes funcionarios del Sebin detuvieron en Anzoátegui a dos de los 33 magistrados designados el 23 de julio por la Asamblea Nacional. 

El Poder Legislativo informó que los abogados se llaman Jesús Rojas y Zuleima González. 

Ayer un tribunal militar decidió la privativa de libertad de Ángel Zerpa, abogado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, luego de haber sido arrestado por el supuesto delito de traición a la patria.

Extraoficialmente se conoce que se encuentra recluido en un baño del Sebin de El Helicoide. 

Tres magistrados nombrados por la Asamblea Nacional han sido detenidos, después del que el TSJ ilegítimo, presidido por Maikel Moreno, señalara que la designación es "nula". 

El 23 de julio el presidente Nicolás Maduro advirtió que todos los abogados van a ser detenidos: "A todos les van a congelar los bienes y las cuentas", señaló en su programa dominical.

Douglas Rivero, nuevo Director de Ventas para América Latina de SonicWall

SonicWall anunció el nombramiento de Douglas Rivero como nuevo Director de Ventas para Latinoamérica. Bajo su operación se encuentran Arley Brogiato (Brasil), Pedro Castro (Suramérica) y Eustolio Villalobos (México y Centroamérica).

Rivero posee más de 25 años de experiencia en el mercado de TI, tanto en ventas como en operaciones. Recientemente, el ejecutivo celebró su duodécimo año de trabajo en SonicWall, donde participó activamente en el desarrollo del mercado en América Latina.

Antes de formar parte del equipo directivo de SonicWall, Rivero se desempeñó como Director de Ventas de 3Com y Director de Operaciones de Ericsson para Latinoamérica.

"La experiencia de Rivero en el desarrollo de canales y distribuidores lo hace la persona ideal para liderar el equipo de ventas en América Latina y por supuesto dar seguimiento a las transformaciones que están en marcha", comentó Chris Auger, Vicepresidente de Ventas para América de SonicWall.

Según Auger, desde la integración entre los equipos de América del Norte y Latinoamérica, la operación regional de SonicWall responde con más vigor. el éxito del SonicWall Forum en Brasil y México es una clara evidencia de que el ecosistema de negocios en la región está preparado para satisfacer las expectativas y los resultados esperados para América Latina que se ha visto beneficiada con una mayor cantidad de inversiones y atención especial de SonicWall.

"Rivero será una pieza fundamental que permitirá acelerar y explotar el reconocido potencial que tienen las soluciones de SonicWall", destacó Auger.

"Las expectativas no quedan ahí, todos los avances alcanzados durante los últimos seis meses demuestran la solidez que ha obtenido SonicWall en América Latina. Por esta razón, el plan será mantener los índices de crecimiento, desarrollando nuevos canales que nos ayuden en este proceso", concluyó Rivero.

Con importante donación, la Fundación La Equidad Seguros aporta a reconstrucción social de Mocoa

- La entidad hizo entrega de cuatro negocios comerciales a la comunidad, listos para empezar a funcionar.

Bogotá, D.C., 25 de julio de 2017. La Equidad Seguros se unió a la reconstrucción social y material de Mocoa, mediante la donación de cuatro negocios comerciales listos para operar, los cuales fueron entregados a la comunidad a través de la Fundación La Equidad Seguros.

De esta manera, la entidad contribuye de manera importante a la atención de la crisis humanitaria que se desató luego de que el municipio fuera afectado por una fuerte avalancha en abril pasado.

“Buscamos apoyar la reconstrucción de los medios de sostenibilidad, a través de la adquisición y donación de unidades productivas que les permitan a asociados cooperativos, comunidad indígena y mujeres cabeza de familia, recuperar parte de su vocación profesional a la que se dedicaban antes de la tragedia”, señaló Diana Osorio, directora de la fundación. 

En efecto, se trata de dos salones de belleza, una panadería y un restaurante- pizzería que fueron entregados el pasado viernes, cuyos beneficiarios contarán con el apoyo y acompañamiento de la Cooperativa Cootep.

La directiva explicó que esta iniciativa surgió luego de que los funcionarios de La Equidad Seguros manifestaran su profundo deseo de contribuir con los damnificados de la tragedia, por lo que realizaron una donación por medio de descuento de nómina.

Así mismo, se contó con la participación de otras entidades y fundaciones, tales como la Fundación Falcao, Asodamas de Colombia y la marca de ropa deportiva Babalú.

Durante el acto de entrega de esta donación, se contó con la presencia de la Gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca; el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, gestores sociales, directivos de la Cooperativa Cootep y los beneficiarios de las unidades productivas. 

Al expresar su agradecimiento a la Fuerza Aérea por su contribución para los respectivos traslados, Osorio manifestó que, de esta manera, La Equidad Seguros continúa contribuyendo al desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para los colombianos.

VPS amplía sus servicios logísticos para cadena de frío

- Además de transporte y distribución, también ofrece almacenamiento en un área de 5.000 metros cuadrados en Funza (Cundinamarca).

Bogotá, D.C., 25 de julio de 2017. Pensando en ofrecer cada vez más y mejores soluciones a los nuevos jugadores que están llegando al mercado, la empresa Vigía Plus Services, una de las empresas del grupo colombiano Cumbria Holdings y el grupo Transportes Vigía, acaba de abrir su nueva línea de transporte, distribución y almacenamiento de productos que requieran cadena de frío.

El anuncio fue hecho por Ricardo Wills, gerente general de Cumbria Holdings, quien señaló que el propósito es ofrecer una nueva alternativa a clientes que produzcan, comercialicen o distribuyan alimentos congelados y refrigerados.

“Acabamos de iniciar operaciones con una inversión de US$3 millones y un área de 5.000 m2 en Funza (Cundinamarca), en la que contamos con diferentes tipos de cámaras de frío, unas dedicadas a congelados y otras a refrigerados, las cuales requieren no solo temperaturas variadas sino distinta infraestructura en términos de equipos y manejo”, añadió el directivo.

Este nuevo servicio, que ya cuenta con un importante cliente como es la firma Jerónimo Martins con sus tiendas ARA, está dirigido principalmente a importadores y productores de alimentos que requieren refrigeración o congelación, lo mismo que supermercados y grandes superficies dedicados a la comercialización de este tipo de mercancías.

A juicio de Wills, VPS aspira a registrar un crecimiento de 25% en esta nueva línea durante el primer año, y mantener un comportamiento sostenido en los próximos años.

“Nuestro interés estratégico es ser un fuerte proveedor logístico en la categoría de alimentos, y por eso planeamos estrategias e inversiones muy agresivas para consolidarnos como una opción muy relevante para los clientes de este sector”, afirmó.

Por lo anterior, la compañía mantiene su plan de inversiones en tecnología para garantizar soluciones efectivas y tarifas competitivas en materia de servicios logísticos, campo en el cual ya se constituye en jugador de peso en sectores como retail, belleza, cuidado personal y tecnología.