Linda Loaiza López: el emblemático caso de violencia de género en Venezuela

Linda Loaiza López fue secuestrada y sometida a agresiones, torturas y violaciones el 27 de marzo de 2001

Catorce años después de sufrir graves agresiones, Linda Loaiza López sigue exigiendo justicia. Hoy rendirá testimonio en una audiencia ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

El caso de Linda Loaiza López es uno de los más emblemáticos en materia de derechos humanos y violencia de género en Venezuela, tanto por la magnitud de las atrocidades cometidas en su contra, como por la impunidad en el proceso. Hoy, 14 años después de sufrir graves agresiones, Linda rendirá testimonio en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esperando que su caso sea elevado pronto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 27 de marzo de 2001 Linda, con 18 años, fue secuestrada por Luis Antonio Carrera Almoina, hijo de un exrector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Fue privada de la libertad y sometida a crueles violaciones, golpes y torturas. El 20 de julio del mismo año fue encontrada por las autoridades en delicado estado de salud, amordazada y atada a una silla adentro de una vivienda en Caracas. El proceso ante la injusticia interna estuvo marcado por muchas trabas, presuntamente producto de presiones por parte de la influyente familia de Carrera Almoina en el sistema judicial.

“Durante estos años que han pasado recurrí a todos los recursos que me permite la legislación venezolana. Hubo dos sentencias, una absolutoria y otra condenatoria por seis años contra el agresor. Hubo desestimiento de la acusación privada y también cambio de calificativo de los delitos, es decir, a pesar de los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, el delito de tortura y violación, el agresor sólo fue sentenciado por lesiones gravísimas y privación indebida de libertad. Lo que ahora llevo ante la CIDH es la responsabilidad internacional del Estado en no cumplir las garantías y el debido proceso”, dice Linda.

Si bien los hechos ocurrieron en 2001 y fueron presentados a la Comisión en 2007, tienen total actualidad. La ONU recientemente determinó que la situación de violencia contra la mujer y la discriminación en los órganos de justicia todavía no está solucionada. Francisco Quintana, director del programa para la región Andina del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explica que “el caso de Linda representa el uso de los estereotipos en toda la investigación, desde que se le hacían los exámenes médicos cuando se presentaba la prueba y cuando los jueces valoraban al momento de dictar sentencia. Por ser mujer y ser joven se le estigmatizaba y se decía que era un problema de pareja y por tanto no era tan importante”.

Liliana Ortega es directora de Cofavic, una de las organizaciones defensoras de DD.HH. más importantes de Venezuela y representante de Linda Loaiza. Aclara que este no es un suceso aislado y se suma a varios que cumplen un patrón similar. “De enero a diciembre de 2014 monitoreamos 329 casos de mujeres presuntamente asesinadas, más del 60% con arma de fuego, el 47% en vía pública. Según el Ministerio Público, han recibido 11 mil denuncias de imputaciones generales sobre violencia contra la mujer, no sólo asesinatos. De estas, sólo el 0,7% llegaron a juicio. Esa cifra revela los elementos de impunidad que se han mantenido”.

Lo ocurrido con Linda Loaiza también saca relucir afectaciones a la situación general de DD.HH. en el país suramericano. Según Ortega, hay una progresiva reducción de la tutela a las víctimas, no solo por la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se materializó en 2013, “sino por las reformas sucesivas al código orgánico procesal penal que limitan el acompañamiento de ONG a las víctimas. En ese contexto, el caso de Linda tiene enorme importancia. Sería el primero de violencia contra la mujer en pasar a la Corte IDH relativo a Venezuela”.

Ortega también ha denunciado que en su país persiste un esquema de impunidad generalizado. El de Linda puede ser visto como un ejemplo ilustrativo de este fenómeno. Desde el inicio, los exámenes judiciales no se realizaron en el momento adecuado, se perdió evidencia indispensable para determinar el tipo de lesiones y la responsabilidad directa del agresor. “Unos 60 jueces se inhibieron, producto de distintas razones, pero que sobre todo tenían que ver con presiones. A pesar de que todo es muy conocido y ella hizo huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia, no se logró justicia completa”.

Quintana aclara que la situación de Carrera Almoina a nivel interno habría sido ya determinada por los tribunales con la sentencia de seis años que fue dictada. “Ante el Sistema Interamericano no buscamos una cuarta instancia, no es una apelación. Buscamos un reconocimiento de que no hubo una debida diligencia, es decir, que se le violaron derechos humanos a Linda y el Estado es responsable. Buscamos que, a través de este caso, se generen cambios legislativos en Venezuela para que haya una efectiva protección de los derechos de las mujeres en el país”.

A través del Sistema Interamericano ya han salido sentencias que han resultado en la adopción de legislación nacionales sobre la violencia contra la mujer. Una de ellas, emblemática, es la de Maria da Penha en Brasil, pues fue a raíz de una sentencia de la Corte IDH sobre este hecho de violencia doméstica que el propio presidente Lula da Silva dio a conocer la Ley María da Penha, para combatir la violencia contra la mujer. El caso de Linda contribuiría a impulsar legislaciones desde otras perspectivas. Especialmente, dice Quintana, “contribuiría al análisis sobre el respeto que deben tener las mujeres cuando sean conocidas estas causas. Los funcionarios deben estar capacitados en todo nivel sobre las problemáticas de género”.

Durante los catorce años que han pasado desde los episodios de 2001, Linda se graduó como abogada y ha estado en una larga travesía de recuperación física y psicológica. “Puedo asegurarle, sin embargo, que la recuperación total no es preciso lograrla. Quedarán huellas imborrables, sobre todo cuando hay una situación de injusticia o falta de respuesta a nivel interno. Por eso sería importante tener una sentencia internacional que responsabilice al Estado y, a través de esta, una jurisprudencia para proteger a las nuevas generaciones”.