Colombianos serán donantes de órganos salvo que manifiesten su negación

La plenaria del Senado aprobó el informe presentado por la Comisión de Conciliación del proyecto de ley que modifica las leyes existentes sobre la donación de órganos en el país. El texto conciliado por senadores y representantes incluye artículos aprobados en ambas Cámaras que amplía la presunción legal de donación de órganos, prohíbe la donación para ciudadanos extranjeros y pide al gobierno estrategias de información para promover estos donativos.

La senadora Paloma Valencia explicó ante la plenaria que la comisión se reunió con especialistas y determinaron centrarse en el tema de la manera en que se da el consentimiento de donación de órganos. "Por ello se incluyeron los artículos para cambiar la presunción de donación y hoy todos los colombianos serán donantes salvo que manifiesten su negación", agregó Valencia. "Esta iniciativa es para garantizar la transparencia en la donación de órganos, evitar la pérdida de órganos que pueden salvar vidas en el país, motivar a este ejercicio humanitario y luchar contra el tráfico de los mismos", precisó la congresista.

El proyecto consta de 24 artículos, incluido la vigencia y en ellos se establece que solo se podrá proceder a la utilización de los órganos, tejidos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos, cuando exista consentimiento del donante libre, previo e informado o presunción legal de donación. Además, la voluntad de donación expresada en vida por una persona, solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y/o familiares, precisa que las donaciones no generan ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico. Obliga a que las instituciones prestadoras de salud (IPS) cuenten con recursos humanos y técnicos idóneos a fin de detectar en tiempo real a los potenciales donantes de acuerdo con los criterios y competencias que establezca el instituto nacional de salud.

Igualmente, prohíbe la prestación de servicios de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, regla la cadena de custodia de los órganos y las penas entre los 3 y 6 años para quien los trafique. El mismo informe será considerado por la plenaria de la Cámara de Representantes, y una vez sea aprobado pasaría a ser sancionado por el presidente y sería Ley de la República.

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