Ponen fin a cláusulas de permanencia para celulares

En julio entra a regir la medida. Claro y Movistar pagarán $4 billones por renovación de permisos.

Luego de meses de análisis y discusiones con la industria, el Gobierno anunciará hoy miércoles la eliminación definitiva de las cláusulas de permanencia para los contratos de telefonía celular, un primer paso para liberar de ataduras a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el país.

EL TIEMPO pudo establecer con fuentes del Gobierno que la nueva reglamentación que emitirá la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) entrará en vigencia para los contratos que se firmen a partir del primero de julio del presente año.

Quienes tengan un contrato con un equipo subsidiado deberán esperar a que termine su obligación antes de poder firmar un nuevo acuerdo sin cláusulas.

El abecé de la medida

La norma dice que las personas tendrán la opción de comprar su teléfono celular a precio completo de contado o financiado por su operador o por otras empresas, como almacenes de cadena y otras que deseen ingresar en ese negocio.

Si adquiere su equipo financiado con el operador, deberá firmar dos contratos: uno por el servicio y otro por el plan de voz y de datos. En su factura deberá recibir de manera discriminada el cobro por cada concepto por separado.

En tal sentido, si desea terminar el contrato o pasarse a otro operador, lo podrá hacer sin multas, castigos o restricciones de ningún tipo, como pasa hoy. Podrá seguir pagando su equipo a cuotas, si así lo compró, y cambiarse a otra empresa.

EL TIEMPO pudo establecer que esta medida de eliminación de cláusulas de permanencia atadas a los subsidios de equipos también se aplicará a otros servicios, como el internet fijo y la televisión de pago.

Incentivar el mercado

El Gobierno espera que con esta medida entren al negocio de la venta de celulares nuevos competidores distintos a los operadores.

En Colombia apenas un 15 por ciento de los teléfonos celulares se venden a través de tiendas de cadena, mientras que en países como Chile dicha medida está alrededor del 40 por ciento.

“Esto se debe a que hay operadores que tienen una gran base de clientes y compran en volumen muchos equipos a los proveedores, imponiendo reglas de mercado que no permiten la libre competencia”, comentaron a EL TIEMPO expertos de la CRC que hicieron la investigación que resultó en la regulación de eliminación de las cláusulas de permanencia.

En tal sentido, la norma también prohíbe los acuerdos de exclusividad entre marcas de celulares y operadores, para evitar que ciertos modelos estén únicamente presentes en la oferta de una sola empresa.

La medida, aunque genera un beneficio para los usuarios que, junto con otras regulaciones como la portabilidad numérica (cambiarse de operador sin costo y conservando el mismo número de teléfono) les ofrece la libertad de elegir, despierta ciertas dudas entre algunos operadores consultados por EL TIEMPO.

Principalmente, creen que la medida hará que los precios de los equipos se eleven considerablemente, en especial de los equipos de más alta gama, “los más apetecidos por las personas”, explicaron.

Al no existir subsidios, sino precio full, las personas deberán optar por móviles de menor costo que tecnológicamente no ofrecen las mismas prestaciones que los modelos de mejor gama.

La renovación de licencias

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, anunció los detalles del cobro que hará a Movistar y Claro por la renovación de sus licencias de operación en Colombia, las cuales se firmaron el 28 de marzo de 1994 y culminan, por ende, el viernes próximo.

La renovación de dichos permisos de operación será por 10 años más y no será automática. Tampoco será gratuita, como se especulaba. De hecho, el Ministerio de las TIC contrató los servicios de la consultora externa Bluenote Management Consulting, la misma que se encargó de los estudios de factibilidad y de tasación de venta de las licencias de 4G, quien se encargó de definir el monto que se les cobrará a Claro y Movistar por la renovación.

Dicha cifra será de 4,1 billones de pesos en total entre ambos operadores y serán tres ítems los que se cobrarán a las empresas: un pago por el uso del espectro, que será igual para los dos operadore de 286.000 millones de pesos; un cobro variable anual, que será del 2,2 por ciento de los ingresos netos, y un cobro por la habilitación general contemplada en la ley 1341 de 2009, que eliminó las condiciones de los contratos originales de 1994.

Según cálculos del Gobierno, el monto que se cobrará, aunque alto, se equipara al que han venido cancelando los operadores en mención en sus contratos por vencerse, en donde al precio de los permisos se sumó el cinco por ciento de los ingresos brutos anuales.

Adicional a la parte financiera, los operadores deberán someterse a nuevas condiciones de niveles calidad del servicio que prestan, como la medición de la estabilidad de sus redes de manera más precisa y detallada por zonas de cada ciudad (y no promediada como ahora) para cumplir con el máximo de hasta 2 por ciento de llamadas caídas permitidas.

En caso de incumplimiento o fallo grave (caída de red) por culpa del operador, el Ministerio de las TIC podrá hasta prohibir al operador infractor la venta de nuevos clientes, hasta tanto arregle la calidad de su servicio.

También se supo que el Ministerio de las TIC tendrá acceso directo y en línea a los sistemas de monitoreo de las redes de los operadores para garantizar una revisión diaria y 'en caliente' del cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

Las compañías cuentan con recursos legales de reposición frente a la decisión del Ministerio, los cuales pueden ser interpuestos en un término no mayor a diez días. En ese caso, el Gobierno tendría hasta dos meses para dar respuesta a dichas reposiciones, lo que no implica que este mecanismo vaya a generar cambios en la fórmula establecida por el Ministerio, ya que como explicó el mismo Molano, este es un proceso unilateral en el que las condiciones son establecidas por el Ministerio.

Los recursos “serán invertidos en proyectos sociales del Plan Vive Digital como subsidios de Internet para familias de estratos 1 y 2, terminales para instituciones educativas públicas, conectividad para el campo en los centros de acceso comunitario conocidos como Kioscos Vive Digital y estrategias de apropiación para comunidades vulnerables, entre otros”, aseguró el Ministerio TIC.

De igual manera los operadores, como obligaciones del contrato, ofrecerán tarifas especiales para estratos 1 y 2, zonas WIFI gratuitas, conectividad a escuelas públicas, instituciones educativas, carreteras y zonas de alta vulnerabilidad, envío de mensajes de texto para alertas tempranas en casos de desastres naturales y bloqueo de señal en cárceles, entre otras.

¿Y la reversión?

Adicional al monto por la renovación de sus licencias, los operadores en mención deberán pagar al Estado el valor de la infraestructura que instalaron y que deben devolver a la Nación, como reza en los contratos iniciales de concesión de 1994, al término de sus permisos este 28 de marzo de 2014.

No obstante, no existe aún un acuerdo de cómo se tasará y cobrará esta infraestructura por varias razones, principalmente de tipo técnico. En primer lugar, el espectro afectado por la regulación es de 40 MHz para cada empresa y no por el total de su espectro asignado (85 MHz para Movistar y 90 MHz para Claro). En tal sentido, las antenas, radiobases, cableado, centros de datos y equipos de transmisión y tráfico que componen a una red de voz y datos móviles, usan indistintamente, de manera automática, los espectros asignados para su operación.

Separar cuáles dispositivos de una red nacional celular usan qué banda de espectro es, en tal sentido, prácticamente imposible. El Estado presentará las opciones de cálculo de pago por dicha reversión, aunque se especula que estas no serán aceptadas por los operadores afectados, por lo que será a través de un Tribunal de Arbitramento que se deberá definir todo.

Lo que sí está absolutamente claro es que los operadores no deben devolver equipos, ni redes, ni tampoco están obligados a apagarlas. El servicio para los usuarios seguirá normal y sin amenazas como hasta el momento.