19 de julio de 2016

Los u’was no quieren a Ecopetrol en sus territorios ancestrales

La comunidad ha tomado control territorial de la zona, en Norte de Santander, desde hace más de un mes. Ante la lentitud del cumplimiento de acuerdo pactados con el Gobierno, exige la salida de la petrolera de tierras que, dice, le pertenecen.
La planta de gas de Gibraltar está ubicada en el municipio de Toledo, Norte de Santander.

En 1999, a través de la resolución no. 056 del 6 de agosto, la junta directiva del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) aprobó la ampliación del resguardo unido U'wa. En el documento se condensa, entre otras cosas, el acuerdo al que llegaron los indígenas de esa comunidad con el Ministerio de Ambiente el 19 de julio de ese mismo año.

Fue en ese acuerdo en el que se definieron los límites del resguardo que garantizara un territorio fundamental para la supervivencia y la conservación de la naturaleza, con el compromiso de que los u'was respetaran las posesiones y mejoras que los campesinos que quedaran dentro de los límites de los terrenos mientras se desarrollaba el proceso de adquisición. Lo que quedaba en el papel parecía cumplir el sueño por el que la comunidad trabajada desde el 31 de marzo de 1993.

Hoy, el proceso de adquisición de predios dentro del proyecto de saneamiento del territorio aún no ha terminado por varios factores, como la falta de recursos para comprar y la dependencia de la voluntad de que quienes allí viven quieran vender. No obstante, los indígenas u'was siguen presionando para que se cumpla lo acordado y han incluido algunas nuevas pretensiones, lo que ha conllevado a que desde hace más de un mes tengan bloqueada, o como ellos dicen, hicieran control territorial, la entrada de trabajadores de la planta de gas de Gibraltar, en el municipio de Toledo (Norte de Santander).

El 20 de junio pasado, Ecopetrol informó que los trabajadores completaban un mes sin poder salir de la planta y que los indígenas estaban bloqueando la movilidad en la vía La Soberanía e impedían los trabajos de enterramiento, en la vereda La China, de un tramo del oleoducto que conduce el recurso de Caño Limón a Coveñas.

"Cuatro trabajadores completan 30 días en las instalaciones sin poder ver a sus familias. Los otros 16 llevan encerrados entre 15 y 25 días", señaló la empresa en un comunicado. No obstante, quienes protestan, hasta el momento, habían dejado entrar víveres, agua y medicamentos a las instalaciones de la planta y el 24 de junio se permitió un cambio de turno con el acompañamiento de miembros de la Cruz Roja Internacional, hecho que agradeció la petrolera.

Según explica Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sustentable y Ambiental de Ecopetrol, el problema va mucho más allá de la planta, debido a que estos oleoductos atraviesan zonas que, aunque no hacen parte legalmente del resguardo indígena, son consideradas por los u'was como tierras ancestrales. 

“La planta de Gibraltar está ubicada por fuera del resguardo, pero dentro de un predio de propiedad de la comunidad u’wa, una finca que ellos compraron en la que, para construir la estación, se impuso una servidumbre (entendida en la Ley 1274 de 2009, como ‘el derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios para beneficio del recurso de los hidrocarburos’), que es lo que normalmente se hace en el sector de hidrocarburos cuando se va a construir una infraestructura en un predio ajeno”, señala Uribe. El meollo, en este punto, es que el proceso para su uso se había iniciado con un propietario anterior y terminó cuando este ya era de propiedad de los u’was.

No obstante, las aspiraciones de los indígenas, dentro del proceso de saneamiento territorial, son mucho más grandes al considerar que varias extensiones de tierra por fuera del resguardo también les pertenecen al ser territorios ancestrales. Históricamente, esta comunidad habría tenido asentamiento en Colombia (Boyacá, Santander —incluyendo Bucaramanga—, Norte de Santander, Arauca y Casanare) y Venezuela (dentro de los Estados de Apure, Táchira, Barinas y Mérida), y hoy, según señala el Diagnóstico del Plan de Salvaguarda del Pueblo U’wa, ocupan territorios de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare y Arauca, distribuyéndose por el el norte hasta el valle de Pamplona y por el sur desde la Sierra Nevada del Cocuy hasta el piedemonte que comparten Arauca y Casanare. Una extensión de más de 240.000 hectáreas.

En las negociaciones que se han desarrollado entre los u’was y el Gobierno Nacional, los primeros han mostrado estas pretensiones de expansión de su territorio y argumentan que existen títulos coloniales que les dan ese derecho. Pero ¿qué ha llevado a los indígenas a tomar la determinación del control territorial? Básicamente, exigen el cumplimiento de algunos acuerdo logados con el gobierno en años recientes.

Uno del 1º de mayo de 2014, en el que se estipulan varios puntos, como el inicio de un proceso de clarificación para el reconocimiento de los títulos coloniales por parte del Gobierno y los u’was; el saneamiento del resguardo con asignación presupuestal con un plazo de dos años a partir de la fecha; la reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la vereda La China, con proyección a enterrarlo; la suspensión del proyecto de Magallanes (que fue desmontado en su totalidad), y un estudio técnico de impacto ambiental y social, entre otras cosas. Otro, del 6 de junio del mismo año, que incluye la designación de responsables para compromisos más específicos, como la conformación de varias comisiones. 

Pedro Posada Arango, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, señala que el cumplimiento de varios puntos del acuerdo está atado a trámites bastante lentos, sobre todo el tema de compra de tierras para el resguardo, pues, implica avalúo, estudios de suelo y que los propietarios estén dispuestos a vender. 

“La negociación ha sido difícil. Ellos hablan de unos territorios ancestrales de grandes dimensiones y en la última reunión hubo una propuesta del Gobierno para el saneamiento del territorio, con recursos de $12.700 millones que aumentaría a $17.000, pero no se aceptó. También está el compromiso del enterramiento del tubo que ellos mismos han bloqueado”, señala Posada.

Por su parte, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, explica que su entidad está cumpliendo lo pactado con los indígenas. “Ellos están exigiendo el saneamiento de unas 19.000 hectáreas más. A medida que el Incoder iba adquiriendo predios, el resguardo iba ampliando sus dimensiones, así que lo primero era conseguir los recursos para comprar esas tierras, que son $12.700 millones que va a poner el oleoducto Bicentenario, que opera en la zona, pero aún no están disponibles”, explica.

En cuanto al concepto de territorios ancestrales, tanto desde el Gobierno como desde Ecopetrol se señala que es una discusión que abarca otra esfera en la que se busca la forma de que esas necesidades de los u’was puedan converger con los conceptos jurídicos debido a que los títulos coloniales abarcarían territorios tan extensos en los que hoy pueden haber ciudades establecidas. 

Mientras todo lo anterior sucede, la comunidad u’wa ha radicalizado más su posición ante lo que llaman un engaño de las autoridades. Bladimir Moreno, presidente de Aso U’wa, dice que no sólo se va a continuar con el control territorial sino que van a exigir la suspensión permanente de la operación de la planta de Gibraltar. “Nuestras exigencias eran mínimas y estaban pactadas, pero el Gobierno no quiere cumplir. De ahora en adelante no permitiremos el ingreso de víveres, agua o medicamentos. No nos vamos a mover porque somos los dueños de estos territorios, Ecopetrol es la que se tiene que ir”, indica Moreno.

La más reciente que denunció la comunidad fue la supuesta captura de imágenes por miembros de la fuerza pública y por desconocidos que, según un comunicado de los u’was, llegaron en motos a un sitio de concentración en la que se desarrollaba un diálogo con el Gobierno Nacional, así como el ingreso “no consentido de personal militar a zonas dentro de resguardo”. 

Aunque reconoce la protesta de la comunidad indígena y dice estar haciendo su aporte para la solución de la diferencia, una de las mayores preocupaciones de la petrolera es que, de no arreglar las tuberías averiadas, estaría en riesgo el suministro de gas a más de 500 mil familias de poblaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia y la refinería de Barrancabermeja. La comunidad parece no dar su brazo a torcer mientras haya rastros de la actividad de hidrocarburos en los territorios de sus ancestros.

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