Entra en vigencia ley que castiga ocupación de edificios vacíos en Holanda
La ley que castiga la ocupación de casas entra mañana en vigor en Holanda, donde especialmente el ayuntamiento de Amsterdam comenzará inmediatamente con los desalojos de los “okupas”, que ya han anunciado que se resistirán a salir de sus viviendas.
Holanda aprobó en octubre de 2009 una ley que castiga hasta con dos años de prisión la ocupación de edificios vacíos.
Hasta ese momento, el movimiento “okupa” no estaba legalizado en Holanda, pero se permitía siempre y cuando un edificio estuviese vacío durante más de un año.
Si bien algunos ayuntamientos han optado por no aplicar en la práctica la ley hasta recibir notificaciones oficiales del Ministerio Fiscal, el municipio de Amsterdam, donde hay unas 200 viviendas ocupadas anunció esta semana que aplicará la ley desde el primer día.
Mañana se esperan en la capital holandesa escenas de resistencia por parte de los “okupas”, quienes han anunciado que se opondrán a los desalojos con manifestaciones, procesos judiciales de urgencia y fortificaciones tapando las entradas y ventanas de sus lugares de residencia.
El Gobierno local de Amsterdam aprobó esta semana una moción según la cual se garantiza que los desalojos se harán “de forma progresiva” y se intentarán evitar en la medida de lo posible cuando todavía no haya planes de uso de las viviendas ocupadas.
Los primeros edificios que se desocuparán serán aquellos para los que ya se cuente con un nuevo destino o en los casos en los que los “okupas” generen violencia.
La primera proposición de ley pedía una pena de 4 meses de cárcel para los “okupas”, pero finalmente ese castigo se incrementó a un año de cárcel y hasta dos si la ocupación va unida a actos violentos o amenazas.
La exigencia de aumentar la pena por la ocupación de viviendas surgió del Partido para la Libertad (PVV), formación antimusulmana que apoyará al nuevo Gobierno de derecha en Holanda, constituido por liberales y democristianos.
El líder del PVV, Geert Wilders, es partidario de endurecer la política de seguridad interior y de inmigración.
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