Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro

El Ministerio Público lo sancionó por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en la capital de la República. 

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado señaló que en la investigación disciplinaria se pudo determinar que debido a las fallas en la ejecución del modelo para la recolección de basuras se presentaron un centenar de quejas por parte de los ciudadanos, funcionarios públicos y el mismo defensor del Pueblo.

En este punto señaló que “la evidente crisis” que se presentó en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 fue debido a la “absoluta incapacidad” del Distrito y la administración de Gustavo Petro para la prestación de este servicio fundamental. Ante esto aclaró que se confirmó, después de practicar las pruebas documentales y testimoniales, y escuchar los descargos del procesado, que se presentaron serias fallas en la planeación y celebración de los contratos dirigidos a la prestación del servicio. 

"El señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia y conocimiento", precisó el jefe del Ministerio Público al hacer referencia a los convenios celebrados con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y la creación de Aguas de Bogotá para la realización de estas labores. 

Por la “falta de planificación y la constante improvisación” con que Petro adoptó las decisiones que precipitaron la crisis del servicio de aseo en Bogotá entre los días 18 y 20 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación le formuló en junio pasado pliego de cargos. El Ministerio Público consideró que con su conducta el primer mandatario de la ciudad cometió tres faltas, dos de ellas calificadas como gravísimas a título de dolo y la tercera con culpa gravísima.

En el texto de la providencia de 259 páginas suscrita por los procuradores delegados Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez se concluye que se violaron disposiciones de la contratación estatal y principios constitucionales como el de la libertad de empresa. La decisión del Ministerio Público manifiesta que “se puso en grave riesgo la continuidad de la prestación del servicio de aseo en Bogotá”, y que se generaron algunos impactos ambientales en contra de los derechos a la salud de los habitantes de la capital.

La Procuraduría obró en respuesta a nueve quejas presentadas en contra del alcalde. Dos de ellas de particulares; dos más del personero de Bogotá, Ricardo Cañón, y del defensor del pueblo, Jorge Otálora; una quinta del presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos; otra del representante a la Cámara, Miguel Gómez, quien hoy lidera el proceso de revocatoria en contra del alcalde; y las restantes de los concejales Orlando Parada Díaz, María Victoria Vargas Silva y Roberto Hinestrosa Rey.

El Ministerio Público ha recalcado que el contrato que se suscribió entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que esta última entidad asumiera el 100% del servicio de aseo en la capital, fue a todas luces irregular y violatorio de las normas contractuales.

“La EAAB no era capaz desde el punto de vista técnico, operativo y por falta de experiencia para asumir la prestación del servicio público de aseo en Bogotá”, resaltaron los delegados que investigaron al alcalde. En otras palabras, indicó el Ministerio Público, “hubo constante improvisación, falta de planeación y la inequívoca voluntad de asignar la prestación del servicio a entidades públicas sin experiencia y sin la capacidad técnica requerida, así como crear un modelo de prestación del servicio de aseo por fuera del ordenamiento jurídico, afectándose el principio de libertad de empresa”.

Según esto, para el 18 de diciembre de 2012, la EAAB no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos que se había impuesto el alcalde en su propósito de cortar con los operadores privados.

El alcalde Gustavo Petro expresó en varias oportunidades que los cargos por el nuevo modelo de aseo quieren afirmar que en la ciudad se instauró un modelo estatista. "El primer cargo es por haber decretado que empresas públicas pudieran asumir el servicio público de aseo. El segundo cargo es por considerar que una transición entre el modelo RBL y el de aprovechamiento es ilegal", indicó el burgomaestre.