Arranca el paro nacional de las centrales obreras para reclamar por 15 puntos al Gobierno

Las centrales obreras y los sindicatos del país le plantearon 15 puntos críticos al Gobierno Nacional en los que expresan su rechazo frente a las políticas económicas y sociales de los últimos 16 años en Colombia.

De acuerdo con Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT, la jornada será una especie de calentamiento para lo que se viene este año, pues las protestas se mantendrán. "Colapsó la política de privatización y de sometimiento del país a la extracción de recursos naturales", señaló. Orozco recordó que la movilización respaldará el proceso de paz que se lleva en La Habana (Cuba), pero insistió en que se debe tener en cuenta el proceso con el Eln. Además rechazaron los asesinatos a los defensores de derechos humanos en el país.

A través de 15 puntos, las centrales obreras le plantearon al Gobierno Nacional un pliego de peticiones en el que justifican el cese de actividades de este 17 de marzo:

1. Desarrollar un programa estructural para atender a la comunidad de La Guajira.

2. Cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los diferentes grupos sociales.

3. Demandar el alza del salario mínimo y el establecimiento de mínimos vitales

4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol, ATB, ETB, EAAB, Emcali, entre otras.

5. Evaluación y revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

6. No a la privatización de la salud y educación a cargo del Estado.

7. Empleo digno y decente, que logre la formalización laboral en el país.

8. Promover un ordenamiento territorial basado en el cuidado del medioambiente.

9. Reducción de precios en combustibles y congelamiento de costos de peajes.

10. La Reforma Tributaria no debe ser regresiva. Que se elimine el 4 x 1.000.

11. Defensa del territorio para la producción agropecuaria.

12. Garantía a los Derechos Humanos y libertades sindicales. Desmonte del Esmad.

13. Fortalecer el régimen de prime media.

14. Disminución de las tasas de interés.

15. Definir una política pública concertada contra la corrupción y la impunidad.